Editorial EL UNIVERSAL
2009-11-04
En menos de un mes dos periodistas han sido ejecutados en Durango. Ni el gobernador Ismael Hernández ni el procurador local hicieron algo para impedirlo: sólo la promesa vacía, en el primer caso, de resolver los crímenes, mientras la PGR ni siquiera ha hecho acto de presencia. Graves como son estos asesinatos, apenas reflejan una mínima parte de lo que padecen centenares de periodistas en el país.
En tres semanas tres reporteros silenciados. El 13 de octubre, Gerardo Esparza Mata, auxiliar de Comunicación Social de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Durango, fue encontrado con un tiro en la cabeza. Horas después, en Mazatlán, Sinaloa, hallan degollado al locutor de radio Fabián Ramírez. Y una semana más tarde, el 19 de octubre, un comando dispara contra el edificio de Canal 10 de la ciudad de Durango.
Ahora se suma a la lista Vladimir Antuna, reportero del diario El Tiempo. El gobierno duranguense de Ismael Hernández nada hizo pese a que el 28 de abril pasado el domicilio del periodista fue baleado. Antuna incluso denunció que recibía amenazas de muerte por las informaciones que publicaba. La procuraduría estatal y la PGR lo sabían. ¿Por qué no lo protegieron? Negligencia, incompetencia o complicidad, no hay más.
Las mismas omisiones que hacen del asesinato del reportero Armando Rodríguez Carreón un caso emblemático. El crimen ocurrió hace ya casi un año, el 13 de noviembre, en Ciudad Juárez, y las investigaciones siguen estancadas.
“Parece que nunca podrá ser suficiente lo que hacemos por la libertad de prensa en México”, lamentó Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de esta casa editorial. El gobierno federal y el de Durango parecen esforzarse en que así sea.
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